Propuesta de racionalización del empleo público y mejora de la eficiencia estatal

Se propone establecer un tope máximo de empleo público en todas las dependencias del Estado —incluyendo intendencias, municipios y organismos descentralizados—, fijando como límite un 7% de la población total. Se propone establecer un tope máximo de empleo público en todas las dependencias del Estado —incluyendo intendencias, municipios y organismos descentralizados—, fijando como límite un 7% de la población total. Asimismo, se plantea regular y limitar la contratación de empresas tercerizadas por parte del Estado, con el objetivo de evitar la duplicación de funciones y promover una gestión más eficiente de los recursos. En este marco, se propone implementar un sistema integral de evaluación de desempeño para los funcionarios públicos, basado en el cumplimiento de metas mínimas previamente definidas. Dichas evaluaciones serían supervisadas por organismos independientes o por empresas especializadas, garantizando transparencia y objetividad. A su vez, se propone revisar el régimen de estabilidad laboral en el sector público, con el fin de evitar la inamovilidad absoluta de los funcionarios. El objetivo es establecer un sistema en el cual la permanencia en el cargo esté sujeta al desempeño, habilitando mecanismos de capacitación, recalificación, reasignación de funciones o, en casos de incumplimiento reiterado, la desvinculación conforme a la normativa vigente.