Defensa de la Paz y la Soberanía: Impedimento de Ingreso y Pérdida de Ciudadanía para Criminales de Guerra

Como complemento a mi propuesta anterior sobre soberanía legislativa, entiendo imperativo que la Reforma 2029 establezca límites éticos y legales claros sobre quiénes pueden residir en nuestro suelo y quiénes merecen ostentar la ciudadanía uruguaya. Uruguay tiene una tradición histórica de paz y respeto al Derecho Internacional. Para honrar esa tradición, no podemos permitir que nuestro país se convierta en un refugio o lugar de retiro para individuos que han participado en actos de exterminio, limpieza étnica o genocidio bajo banderas extranjeras. Por lo tanto, propongo la inclusión de los siguientes artículos constitucionales: 1. Inhabilitación de Ingreso y Residencia por Crímenes Internacionales Establecer como impedimento absoluto para el ingreso, radicación o concesión de residencia (temporal o permanente) el haber formado parte activa de fuerzas armadas, milicias o cuerpos de seguridad extranjeros que estén siendo investigados o hayan sido condenados por organismos internacionales (como la Corte Penal Internacional) por crímenes de lesa humanidad o genocidio. El mecanismo: Se deberá exigir una declaración jurada de actividad militar y una verificación rigurosa de antecedentes para ciudadanos provenientes de Estados en conflicto bélico activo o con denuncias internacionales de masacres civiles. 2. Revocación de la Ciudadanía por Participación en Genocidio La ciudadanía uruguaya es un vínculo de lealtad con los valores de la República. Aquellos ciudadanos con doble nacionalidad que opten por integrarse y participar activamente en fuerzas militares extranjeras responsables de actos calificados como genocidio por tribunales internacionales, deben perder la ciudadanía uruguaya de forma automática e irrevocable. Justificación: Quien participa en políticas de exterminio rompe el pacto social y humano que fundamenta nuestra Constitución. No se puede representar a la República Oriental del Uruguay y, simultáneamente, ser ejecutor de matanzas sistemáticas de civiles en otras tierras. Conclusión: Nuestra soberanía no solo se defiende en los papeles, sino también cuidando quiénes integran nuestra sociedad. Uruguay debe ser un territorio de paz, cerrado para quienes violan los derechos más básicos de la humanidad. El 2029 es el momento de blindar nuestra integridad moral como nación.