TÍTULO: LEY DE RESPONSABILIDAD ECONÓMICA PENAL INTEGRAL Y EQUIDAD FISCAL PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La presente iniciativa tiene por objeto establecer un sistema de responsabilidad económica por la estadía en establecimientos penitenciarios, que transfiera el costo de la detención del erario público al infractor y su núcleo familiar (en la medida de sus posibilidades), garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República Oriental del Uruguay y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país. En la actualidad, el sistema penitenciario uruguayo cuenta con un presupuesto anual de 300.000.000 de pesos uruguayos (UYU), financiado exclusivamente con recursos fiscales provenientes de contribuyentes trabajadores que no tienen relación alguna con la comisión de delitos. Esta situación genera una inequidad percibida en la distribución de la carga fiscal y no refleja plenamente el principio de que quienes causan un costo social deben asumir la responsabilidad de él. Las experiencias internacionales en países como Dinamarca, Países Bajos y Francia demuestran que medidas de este tipo, cuando se implementan con equidad y transparencia, generan mejoras significativas: reducción de la tasa de reincidencia (hasta 18,2% en Dinamarca), cobertura parcial o total del presupuesto carcelario y fortalecimiento de la cultura de responsabilidad social. El proyecto propuesto busca además liberar recursos fiscales para invertir en áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura, reducir la carga impositiva de los trabajadores y fomentar la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad a través de incentivos económicos y programas de apoyo familiar.
Índice de delincuencia
TÍTULO: LEY DE RESPONSABILIDAD ECONÓMICA PENAL INTEGRAL Y EQUIDAD FISCAL PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La presente iniciativa tiene por objeto establecer un sistema de responsabilidad económica por la estadía en establecimientos penitenciarios, que transfiera el costo de la detención del erario público al infractor y su núcleo familiar (en la medida de sus posibilidades), garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República Oriental del Uruguay y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país. En la actualidad, el sistema penitenciario uruguayo cuenta con un presupuesto anual de 300.000.000 de pesos uruguayos (UYU), financiado exclusivamente con recursos fiscales provenientes de contribuyentes trabajadores que no tienen relación alguna con la comisión de delitos. Esta situación genera una inequidad percibida en la distribución de la carga fiscal y no refleja plenamente el principio de que quienes causan un costo social deben asumir la responsabilidad de él. Las experiencias internacionales en países como Dinamarca, Países Bajos y Francia demuestran que medidas de este tipo, cuando se implementan con equidad y transparencia, generan mejoras significativas: reducción de la tasa de reincidencia (hasta 18,2% en Dinamarca), cobertura parcial o total del presupuesto carcelario y fortalecimiento de la cultura de responsabilidad social. El proyecto propuesto busca además liberar recursos fiscales para invertir en áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura, reducir la carga impositiva de los trabajadores y fomentar la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad a través de incentivos económicos y programas de apoyo familiar.
El punto 11 de la propuesta propone el trabajo carcelario