Constitución

La Constitución uruguaya es clara: el artículo 8 establece que “todas las personas son iguales ante la ley”; los artículos 24 y 25 señalan la responsabilidad del Estado y de los funcionarios por los daños que causen; y el artículo 77 fija reglas básicas para la vida cívica. Sin embargo, la percepción creciente es otra: que muchas veces estos principios no se aplican con el mismo rigor… o directamente no se aplican cuando corresponde. Y estos artículos son solo ejemplos. Hay más. El problema no parece ser la falta de normas, sino la distancia entre lo que está escrito y lo que realmente ocurre. ¿Son casos aislados o se está naturalizando una interpretación cada vez más flexible —y peligrosa— de la Constitución? ¿Estamos ante fallas puntuales… o ante un deterioro más profundo del Estado de Derecho?