Basta de privilegios: un Estado para la gente, no para la política

Una propuesta para un Estado más justo, austero y eficiente Esta iniciativa parte de una convicción básica: quienes gobiernan deben hacerlo con responsabilidad, dando el ejemplo y administrando con cuidado los recursos de todos. Hoy, las retribuciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo —incluyendo sueldos, compensaciones, gastos de representación y otras partidas— se encuentran muy por encima del ingreso promedio de la población. Por eso, proponemos un cambio claro y justo: ninguna autoridad política podrá percibir más de tres veces el salario medio nacional, por ningún concepto. Esto incluye absolutamente todos los ingresos asociados al cargo, sin excepciones ni mecanismos indirectos. El objetivo es terminar con los excesos, hacer más transparente el uso de los recursos públicos y acercar la política a la realidad de la gente. En cuanto a los asesores y cargos de confianza, también se establecen límites, pero con un criterio realista y funcional. Sus retribuciones no podrán superar el tope general establecido para las máximas autoridades, evitando estructuras paralelas con salarios desproporcionados. Al mismo tiempo, cuando estos cargos sean ocupados por funcionarios públicos de carrera mediante concursos internos, se podrá otorgar una compensación por mayor responsabilidad que permita hacer atractivo el cargo, incluso si eso implica superar el porcentaje inicialmente previsto. Lo importante no es fijar un número arbitrario, sino asegurar que: no se generen privilegios excesivos, se mantenga la racionalidad del gasto, y se garantice que los cargos sean ocupados por personas idóneas. Porque si la compensación es demasiado baja, el sistema se vuelve ineficiente: los mejores funcionarios no acceden, y el Estado termina recurriendo nuevamente a designaciones externas más costosas y menos eficientes. Por eso, esta propuesta combina límites claros con criterios de gestión inteligente. También se pone orden en la cantidad de asesores: El Presidente de la República podrá contar con un máximo de tres asesores. Cada Ministro, con un único asesor. Cada cámara del Poder Legislativo, con un asesor. Y algo fundamental: no se podrán crear nuevos cargos de confianza por ninguna vía. Además, estos asesores solo podrán cumplir funciones de apoyo político directo. No podrán dirigir áreas, gestionar programas permanentes ni ejercer autoridad sobre funcionarios públicos. En paralelo, se impulsa un cambio estructural: los cargos de dirección, como los Directores Nacionales, deberán ser ocupados preferentemente por funcionarios públicos de carrera, mediante concursos de ascenso basados en mérito. Esto permite una gestión más eficiente, porque quienes asumen ya conocen el funcionamiento del Estado, y evita costos innecesarios de adaptación o errores por desconocimiento. A su vez, los Directores Nacionales y cargos equivalentes estarán sujetos al mismo tope máximo que las principales autoridades, garantizando coherencia y evitando distorsiones salariales. En síntesis, esta iniciativa busca: Reducir salarios excesivos y partidas discrecionales en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Establecer un tope salarial claro, justo y transparente. Limitar la cantidad de asesores y cargos de confianza. Evitar techos rígidos que perjudiquen la eficiencia del Estado. Priorizar a los funcionarios de carrera para cargos de responsabilidad. Ahorrar recursos sin perder calidad en la gestión pública. Se trata de construir un Estado más austero, pero también más inteligente. Un Estado que funcione mejor, aprovechando su propia experiencia y cuidando los recursos de todos.