Libertad individual: Reconocer el derecho a renunciar voluntariamente a la nacionalidad uruguaya natural

Los ciudadanos legales (naturalizados) ya pueden renunciar a la ciudadanía uruguaya. Mantener la irrenunciabilidad solo para los naturales crea dos clases de uruguayos: unos con plena autonomía para elegir su vínculo con el Estado y otros atados de por vida. Esto contradice el principio de igualdad (Art. 8 de la Constitución) y genera una discriminación injustificada basada en el origen. Una reforma que permita la renuncia voluntaria iguala el trato y elimina esta distinción arbitraria entre “uruguayos de primera y de segunda”.

La nacionalidad no debería ser una “pertenencia perpetua” impuesta por el Estado, sino un vínculo basado en consentimiento mutuo. Obligar a alguien a mantener la nacionalidad contra su voluntad es una forma de adscripción forzosa que contradice la idea liberal de que las relaciones entre individuo y Estado deben basarse en la voluntad libre. Quien quiere renunciar y tiene otra nacionalidad está ejerciendo responsabilidad sobre su propia identidad jurídica. El Estado gana legitimidad al respetar la autonomía de sus ciudadanos. Muy buena iniciativa. Debería incluirse en el proyecto de reforma.

Como constitucionalista, sostengo que modificar el Artículo 81 de la Constitución para permitir la renuncia voluntaria a la nacionalidad uruguaya natural siempre con acreditación de otra nacionalidad, no solo es compatible con los principios del constitucionalismo liberal y democrático, sino que representa una evolución necesaria y coherente del propio texto constitucional uruguayo. El Artículo 81, en su redacción actual, consagra una irrenunciabilidad absoluta de la nacionalidad natural que responde a una concepción decimonónica del Estado-nación, donde la pertenencia se entendía como un vínculo perpetuo e indisoluble, similar a la antigua doctrina de la “allegiance perpetua”. Esta visión, legítima en su momento histórico para evitar la apatridia y consolidar la identidad nacional en un país de inmigración, resulta hoy desproporcionada y anacrónica en un orden constitucional contemporáneo que coloca la dignidad y la autonomía de la persona en el centro. En primer lugar, la Constitución uruguaya no es un texto cerrado ni impermeable al derecho internacional de los derechos humanos. Uruguay ha incorporado con rango constitucional (artículo 4 de la Constitución y jurisprudencia de la Suprema Corte) los tratados internacionales ratificados. El Artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen expresamente el derecho a cambiar de nacionalidad. Mantener una irrenunciabilidad absoluta implica una restricción arbitraria a este derecho cuando el individuo cuenta con otra nacionalidad, violando el principio de proporcionalidad que debe regir toda limitación a los derechos fundamentales. En segundo lugar, la distinción actual entre ciudadanos naturales y legales genera una desigualdad inconstitucional (artículo 8 de la Constitución). Mientras los ciudadanos legales pueden renunciar a su ciudadanía, los naturales quedan atrapados en un vínculo perpetuo. Esta diferenciación basada en el origen del vínculo (nacimiento versus naturalización) carece de una justificación objetiva y razonable en el marco de un Estado democrático de derecho, donde la voluntad libre del individuo debe prevalecer sobre adscripciones forzosas. Desde una perspectiva liberal-clásica, la nacionalidad no debe configurarse como un estatus impuesto de por vida por el Estado, sino como un vínculo jurídico basado en el consentimiento mutuo. Permitir la renuncia voluntaria fortalece el principio de autonomía de la voluntad y actúa como un mecanismo de control y limitación del poder estatal sobre la identidad jurídica de las personas. Un Estado que no puede “perder” a un ciudadano contra su voluntad concentra un monopolio excesivo sobre la pertenencia, contrario al espíritu de una Constitución que busca limitar el poder y maximizar la libertad individual. Estoy de acuerdo con la propuesta.

Un Estado que no puede perder a un ciudadano contra su voluntad concentra demasiado poder sobre la identidad individual. Permitir la renuncia es una limitación saludable al monopolio estatal sobre la pertenencia. Históricamente, las democracias liberales han evolucionado precisamente reduciendo los lazos perpetuos de lealtad forzosa (como la antigua “perpetual allegiance” inglesa). Esta reforma sería un paso más en esa dirección: el Estado al servicio del individuo, no al revés.

Soy uruguayo natural, nací y me crié en Montevideo, pero hace años que vivo en el exterior. Hace ya años que con convicción profunda y después de mucho reflexionar, quiero dejar de ser uruguayo. No es por un conflicto con otro país, ni por un problema fiscal o burocrático. Es una decisión personal, íntima. Siento que ya no me representa esa identidad jurídica y quiero cerrar ese capítulo de mi vida con total libertad. Sin embargo, la Constitución uruguaya me lo impide. Aunque yo no quiera, aunque renuncie formalmente y aunque tenga otra nacionalidad, seguiré siendo uruguayo para siempre. Eso no es libertad. Es una atadura que el Estado me impone contra mi voluntad. Respeto profundamente a quienes eligen seguir siéndolo y sienten orgullo de esa nacionalidad. Pero yo ya no lo siento. Mi identidad, mis valores y mi proyecto de vida ya no pasan por Uruguay. Y creo que en un país que se dice respetuoso de las libertades individuales, nadie debería tener el poder de obligarme a mantener una nacionalidad que ya no quiero. Ser uruguayo debería ser una elección, no una condena de por vida. Vivir en el exterior me ha hecho valorar aún más la libertad real, la libertad de elegir dónde vivir, con quiénes relacionarme, y sobre todo, quién soy jurídicamente. Obligarme a mantener una nacionalidad que rechazo es tratarme como propiedad del Estado en lugar de como un individuo libre y soberano sobre su propia identidad. Por eso apoyo con toda convicción que en la Reforma Constitucional de 2029 se modifique el Artículo 81 para incluir el derecho a renunciar voluntariamente a la nacionalidad uruguaya natural. No pido un privilegio, pido el derecho básico a decidir sobre mi propia vida. A todos los que forman parte de este debate les pido que piensen en esto: ¿qué clase de país quieren construir? ¿Uno que ata a sus ciudadanos aunque ellos ya no quieran pertenecer, o uno que respeta la voluntad libre de cada persona? Yo ya elegí. Solo falta que la Constitución me permita hacerlo de forma efectiva.